Tras los pasos de Juana Rivas

Juana Rivas. /Alfredo Aguilar
Juana Rivas. / Alfredo Aguilar

Se cumple una semana desde que su pista se desvaneció para eludir la entrega de sus hijos al padre | La vecina de Maracena, que continúa en paradero desconocido, se ha adentrado en un auténtico laberinto judicial

YENALIA HUERTASGRANADA

Siete días. Es el tiempo que Juana Rivas llevaba ayer oculta en algún lugar con sus dos hijos, de 3 y 11 años. Su pista se perdió el pasado 26 de julio, coincidiendo con la fecha fijada por la jueza de Primera Instancia 3 de la capital para que entregase a los menores a su padre, Francesco Arcuri, que reside en una pequeña isla de Italia, Carloforte, donde regenta una hospedería.

Hasta ese día, el miércoles de la semana pasada, los pasos judiciales dados por Juana se podían resumir en tres. El primero fue una denuncia contra su pareja -no estaban casados ni registrados oficialmente como pareja de hecho- por pegarle una noche. Fue una madrugada de mayo de 2009, sobre las 05.30 horas. Por aquel entonces ya tenían un hijo, el que ahora tiene 11, que contaba entonces con solo 3 y vivían en un piso de Granada, donde habían instalado su hogar tras conocerse en Londres. Aquella madrugada fue el principio de todo, de la historia pública de Juana. Francesco le pidió explicaciones de dónde había estado esa noche y la golpeó «repetidamente» cuando ella intentaba entrar en la habitación. Las lesiones sólo precisaron de una asistencia facultativa. Él también la denunció a ella, que fue absuelta en la sentencia que dictó el Juzgado de lo Penal 2 de Granada el 26 de mayo de ese mismo año con la conformidad de ambos. Esa conformidad, que conllevó aceptar su culpa, supuso a Francesco una rebaja considerable en la condena. Se le impusieron tres meses de prisión por un delito de lesiones, que no cumplió porque se acordó sobre la marcha suspender la ejecución de la pena con la condición de que no volviera a delinquir.

Lo que no se suspendió fue la medida de alejamiento que igualmente se impuso al italiano, al que se le prohibió acercarse a Juana durante un año y tres meses. Ese alejamiento obligado, según las fuentes del caso del entorno de Juana consultadas por este diario, se cumplió «a rajatabla». Al mismo tiempo que se acordaron estas medidas penales, se establecieron otras civiles. Juana, que ubicó su residencia en Maracena -de donde es su familia- se quedaba «con la custodia» del crío, si bien se establecía «un régimen de visitas». Él, «iba y venía», afirmaron las citadas fuentes.

La vida siguió para Juana y Francesco, y una vez agotado el plazo del alejamiento, decidieron volver a cruzar sus caminos. Juana se mudó a vivir a Carloforte en el verano de 2013; es decir, cuatro años después del episodio de maltrato sufrido. Por la crisis, había cerrado la tienda de productos ecológicos que había montado en Granada y comenzó a trabajar en la casa rural de Francesco. Allí, en Italia, volvió a quedarse embarazada y tuvo a su segundo hijo con él, el menor que ahora tiene tres años.

Carloforte es un municipio de unos 6.000 habitantes que ocupa una pequeña isla (San Pietro). Para ubicarla en el mapa hay que buscar Cerdeña. Está justo debajo. La hospedería de Francesco se encuentra allí. Francisca Granados, asesora jurídica de la mujer, asegura que la estancia de Juana en ese lugar «aislado» fue «un infierno» que le ha generado problemas estomacales. «Le han hecho pruebas de todo tipo y la conclusión es que presenta un padecimiento fruto de un estrés crónico continuado derivado de una situación como la que ha vivido», afirma Granados.

La supuesta situación a la que se refiere la asesora fue reflejada en una denuncia que, el 12 de julio del año pasado, puso Juana, que acudió al puesto de Maracena de la Guardia Civil. Había regresado con sus hijos a España y decidió no volver a Italia. IDEAL ha tenido acceso al documento y en él la mujer aseguraba que «desde aproximadamente junio de 2013, cuando reanudó la convivencia en Italia» con su pareja había sido «amenazada, insultada, vejada y agredida».

La denuncia fue a parar al Juzgado de Violencia sobre la Mujer 2 de Granada y se archivó, tras lo que la propia Granados presentó una queja «ante la Fiscalía General de Estado» por entender que se había incumplido el artículo 17 del Estatuto de la Víctima, «que dice -precisa- que las víctimas pueden poner denuncia en España, independientemente de que los hechos que denuncian se hayan cometido en cualquier país de la Unión Europea». Las fuentes del TSJA consultadas indicaron que dicha denuncia se mandó a traducir para enviarla a Italia, donde supuestamente ocurrieron los hechos. Este diario trató de contactar ayer sin éxito con el abogado de Arcuri para obtener su versión frente esta denuncia, en la que Juana llega a afirmar que «el control» sobre lo que hacía era «constante».

Custodia

En las mismas fechas en las que Juana formuló esta denuncia, presentó la demanda en España de custodia de su segundo hijo. Pero los autos «se pararon»; se quedaron en suspenso cuando Francesco presentó en noviembre una demanda de sustracción internacional de menores, que según Granados Juana recibió el 21 de noviembre pasado.

Aquella demanda del progenitor dio lugar a una sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada, que evocó el Convenio sobre sustracción de menores de La Haya y consideró que era «ilícita la retención en España» de los hijos de Juana «tras haber viajado a España con el consentimiento del otro progenitor para pasar unas vacaciones en mayo de 2016, con el propósito de regresar a Carloforte». Y es que cuando finalizaron las vacaciones, «la madre no regresó reteniendo a los menores», lo que a juicio del órgano infringió el derecho de custodia paterno. Se llegó incluso a realizar una prueba pericial psicológica al niño de 11 años que descartó que su integridad estuviese en riesgo.

Juana dio entonces un nuevo paso judicial y recurrió el fallo ante la Audiencia, que confirmó el 21 de abril que los niños debían retornar a Italia. El 26 de julio debió hacerse la entrega en un punto de encuentro, al que sólo acudió el padre, desviándose el conflicto civil a la vía penal. La incomparecencia de Juana propició una investigación en el juzgado de Instrucción 2 de Granada, que ha citado a la pareja para el día 8.

Nadie dice saber dónde está Juana y, según el TSJA, no existe de momento una orden judicial de búsqueda contra ella. No obstante, otras fuentes jurídicas advirtieron que si Juana no acude a esta cita su situación se puede volver aún más delicada, ya que sí se podría ordenar encontrarla. Una semana después, su paradero sigue siendo una incógnita y sus pasos judiciales se han acelerado.

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